Cada vez es más unánime. Las autoridades laborales de la Comunidad también manifiestan la sinrazón de no haber establecido el Ministerio diferencias de criterio en la apertura de centros sanitarios o, al menos, haber hecho una distinción de la tipología y/o urgencia los mismos.

En el escrito recibido en el Colegio de la Directora General de Trabajo y PRL, Dª Amparo Sanz Albornos, manifiesta que comprenden nuestra situación y volverán a "reiterar su petición al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Sanidad, según los antecedentes que aporta de otras Comunidades Autónomas, con objeto de dar respuesta a la misma".

Sobre la disparidad interprovincial de consideración de los Ertes, la Directora ha asegurado que "cada provincia es autoridad laboral independiente" de modo que la apreciación de procedencia o no de cada expediente es dispar y legítima, aunque el CPFCyL manifestó la situación de malestar y falta de ecuanimidad que supone el hecho de negar o aprobar un ERTE con idéntica documentación.

En el mismo orden de asuntos, tal como el CPFCyL ha podido saber, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León  insistió al Ministro de Sanidad, Salvador Illa, el pasado 18 de marzo tras las peticiones del CPFCyL y Odontología la necesidad de cerrar las clínicas de fisioterapia, a lo que el Ministro fue tajante afirmando que "no considera procedente que la Consejería deba adoptar la suspensión de las clínicas de fisioterapia y de odontología, sin prejuicio de que la crisis sanitaria del COVID19 pudiera conducirnos a otro escenario".