El colectivo de fisioterapeutas muestra su frontal oposición a la aplicación del 21% de IVA a los Servicios de Fisioterapia y al resto de la sanidad privada española, una medida que según las últimas noticias el Gobierno del Estado está estudiando incluir en una próxima reforma fiscal y reflejar en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Pasar de estar exentos del IVA, como se mantiene en los países de la eurozona, a tributar con un IVA del 21%, es una medida que el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE)  califica de “totalmente negativa y desafortunada, tanto del ámbito económico, como social, sanitario e incluso político”, ya que abocaría al cierre de más del 50% de centros de Fisioterapia actualmente en funcionamiento nuestro país, perjudicando también a buena parte de sus pacientes, que no encuentran en el sistema público de salud una adecuada respuesta a sus patologías y dolencias por la escasez de fisioterapeutas de que disponen.

El rechazo de esta medida, que es igualmente asumido por el resto de profesionales sanitarios que ejercen en el ámbito privado (médicos, podólogos, logopedas, ópticos y optometristas…), está también avalado por organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), al considerar que la aplicación de esta medida tributaria generaría un impacto negativo en el erario público, con unos costes muy superiores a los ingresos recaudados al tener que financiar el sistema nacional de salud una parte de los servicios que ahora asume la sanidad privada.

“No entendemos como el Gobierno, en una situación como la actual, en donde los profesionales sanitarios hemos demostrado, demostramos y seguiremos demostrando nuestra dedicación al sistema sanitario y a nuestros ciudadanos, como un sector esencial para la esperanza de vida de nuestra población y nuestro estado de bienestar, es puesto en peligro sin ninguna motivación económica o de índole social”, concluye el CGCFE, advirtiendo que la aplicación de esta medida tributaria a la sanidad pública solo conseguirá sobrecargar la economía de las familias españolas, ya de por si mermada por la crisis económica causada por la pandemia; además de saturar más si cabe un sistema asistencial público que en las circunstancias actuales se encuentra al borde del colapso.